El jaque social

Desde que el presidente Iván Duque subió al poder, se ha hecho evidente un ataque feroz de ajedrez al sector público. Lamentablemente la gente se siente identificada con muletillas de tres palabras que no les permite pensar sino recitar una letanía vacua. Por ejemplo, una de estas muletillas es la de tildar de comunista a toda política de inclusión social. A pesar de que el estado debe garantizar los recursos financieros necesarios para proveer una educación pública de calidad o el ofrecimiento de salud pública para el bienestar de la sociedad, las nuevas políticas buscan descentralizar las responsabilidades sociales del estado para delegarlas a empresas privadas que se rigen bajo el principio económico de oferta y demanda con el eslogan de rentabilidad.

Por una parte se ataca a la clase media en veras de dividirla. Dado que la clase media colombiana se manifiesta en tres partes, la clase media-baja, media-media y media-alta, es cuestión de minar las fronteras y así cobrar alianzas. La clase media-alta es un sector difuso constituido por microempresarios y profesionales altamente preparados y calificados. Los primeros consideran beneficiosa la Ley de Financiamiento propuesta por el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien pretende inflar el presupuesto para el Gasto Público a través de la aplicación del IVA a la totalidad de la canasta familiar, determinándolo en 17%, pero a la vez reduciendo los impuestos a las microempresas que facturen por debajo de los dos mil millones de pesos, estableciendo las tarifas entre el 2 y el 12% anual sobre el ingreso bruto. Al mismo tiempo, la política de inversión extranjera facilita a los foráneos a comprar territorios nacionales libres de impuestos, emplear a la gente de la zona en condiciones subhonorables y, una vez terminada la extracción de la materia prima, dejan el hueco sacando la mercancía libre de aranceles y rompiendo de una vez por todas todo lazo con los inversionistas libres nacionales. En pocas palabras, seguimos con la política de la época de la colonia donde primó la extracción inmarcesible a costa del bienestar social, el progreso agrario y el desarrollo de una industria local, regional y nacional. 

Aunque suena beneficiosa la Ley de Financiamiento—eufemismo de Reforma Tributaria—, no es necesariamente resultante el incremento de contratación por parte de dichas empresas con la disminución de sus impuestos, por lo que la política “Menos impuestos, más empleos” se fundamenta en una falacia. Sin embargo, muchos muerden el anzuelo, pues en realidad no les interesa contratar más gente, sino reducir su carga tributaria. De modo que las políticas adhieren a su bando a la clase media-alta así como a la clase alta. En cuanto a los miembros de la clase media-media y media-baja, se alían de inmediato a la clase baja y a la clase trabajadora, pues no está dentro de su interés pagar aún más por la canasta familiar cuando los sueldos no incrementan en la misma proporción. Y aunque Carrasquilla promete una devolución de $51.300 pesos mensuales a cada hogar, esto no es más que la creación de una nueva burocracia que, por una parte es ridícula, pues para devolver dinero mejor no cobrarlo en primer lugar, y segundo, tiene el potencial de convertirse en un nuevo foco de corrupción, de lo cual no necesitamos más en este país que le cuesta $50 billones de pesos al año. Para mirar con detalle, les recomiendo Las Aventuras de Coi-Man en Colombialandia, estudio que llevó a cabo El Tiempo.

Es en este punto donde entran de manera implacable los medios de comunicación. Dado que la opinión pública en este país la alimentan fundamentalmente Caracol y RCN, dichas cadenas trivializan los movimientos sociales que protestan ante las propuestas políticas. Un ejemplo claro se ve con el movimiento estudiantil, que deslegitiman sistemáticamente al anunciar que hay infiltrados de la guerrilla, además de apodar de vándalos, tirapiedras, vagos y terroristas a los estudiantes, cuando los encapuchados representan una íngrima parte de la manifestación—además existe la hipótesis de que los encapuchados son en realidad infiltrados del ESMAD*, pues antes de que comiencen a sonar las papas-bomba, el escuadrón ya está alineado a la espera del ataque—. Y, lamentablemente, la opinión pública de la ciudadanía se adhiere al discursillo de tres pesos y repite como lora mojada “Estudien, vagos vándalos y tirapiedras” desconociendo la importancia de la educación pública y la razón para defenderla de parte del estudiantado. Además, la gente del común se lamenta por retrasos en el sistema de transporte, pero no dicen nada cuando a la hora pico, con marcha o sin marcha, les toca embutirse como sardinas en los buses de transporte masivo—que podría llamarse mejor transporte de masa, pues la gente queda hecha una masa de arepa cuando ingresa al sistema—. Y ni hablar de la constante queja de que el salario no alcanza aunada a la protesta silenciosa ante el aumento del IVA que, a pesar de que los estudiantes marchan en contra de dicho aumento, la ciudadanía desconoce los verdaderos motivos de las movilizaciones. De modo que comienza a vislumbrarse que la opinión pública depende de un poderoso aliado: la ignorancia. Y ¿qué mejor manera de mantener a un pueblo ignorante que quitándole la educación que no es nada más y nada menos que la madre del criterio?

Pero entonces entra la fiscalía, que de ser torcida se vuelve la llave de acceso a la corrupción y la impunidad. Hasta ahora, desde que comenzó el paro nacional estudiantil, ya comenzaron a reportarse detenciones ilegales, desapariciones y abuso de la fuerza. Aunque el Bienestar Universitario de la Universidad Nacional ya anunció el regreso ileso de los cinco estudiantes desaparecidos, queda el sabor amargo de que la noche de los lápices pueda repetirse en Colombia. La protesta es un derecho democrático, no una palanca comunista, y aunque podemos estar de acuerdo que la destrucción de lugares públicos o el raye de paredes no son los mecanismos más efectivos para llamar la atención pública, es importante reconocer que no son todos los estudiantes los que dañan y rayan, y que bien pueden ser infiltrados que buscan sabotear la legitimidad del movimiento. Tanto así, que estudiantes de la UNEES** llegaron a la Iglesia 20 de Julio para levantar una plegaria por la Educación Pública, y repetir la letanía “Menos violencia, más educación”. De modo que la búsqueda de simpatización y empatización por parte de los estudiantes se aleja del carácter violento que los medios quieren adjudicar. En cuanto a la fiscalía, representado en el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, puede decirse que está torcida, pues con el envenenamiento del ingeniero Pizano que descubrió las irregularidades contractuales en la construcción de la Ruta del Sol 2 entre CorfiColombiana y Odebrecht, queda en tela de juicio la imparcialidad y la legalidad del actual fiscal.

Es una lástima ver todo el ataque al sector público, pues deja entrever que los dirigentes no están interesados en construir nación, sino en desgranarla para repartirla entre unos pocos. Triste pensar que la representación política de un país sea la de desconocer los beneficios de las entidades públicas. Me hace preguntarme ¿para qué gobierno? Claro, con el peligro de ser tildado anarquista.

De modo que los ministerios de defensa y el interior despliegan sus fuerzas para ejercer control sobre el comportamiento ciudadano que difiera de las ideologías políticas actuales, desconociendo la naturaleza democrática de nuestra sociedad donde la diferencia de ideas no debe ser motivo para implementar la fuerza sino al contrario, desarrollar plataformas de diálogo. Pero en cambio, lo que hacen es alinear al ESMAD, aumentar la policía militar en la ciudad y aumentar el número de policías en las calles, pues consideran que la seguridad nacional depende de la presencia de fusiles Galil en cada esquina. Es irónico, pues al no incrementar el presupuesto para la educación, coaccionan a una gran parte de la población a enlistarse en las filas militares y policíacas, engrosando las posibilidades de un estado represivo ya que todo comportamiento que difiera de los comportamientos ideales los llaman irregulares. Y así, los militares y policías, en vez de proteger a la ciudadanía, se convierten en los verdugos con los que nadie se quiere cruzar en el camino, ostentando un rostro hostil que busca imponer un respeto a través de la fuerza.

El panorama actual para las instituciones públicas colombianas es francamente desalentador. Por el momento están en jaque por parte del estado, quien representa al mercado y los intereses privados más que a la sociedad y el sector público cuando debería ser al contrario. Pero el hambre de poder y acelerado ataque cargado de avaricia es su flanco débil y sólo puede aprovecharse por una ciudadanía articulada y organizada en rededor de intereses comunes. Quizá cuando sean más los estudiantes que policías y militares tendremos una sociedad liderada por el criterio en vez del fanatismo, pues es preferible tener fe en la causa del lápiz que la del fusil.

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Felipe Robayo

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*ESMAD: Escuadrón Móvil Anti Disturbios
**UNEES: Unión Nacional de Estudiantes Universitarios
***Las imágenes de las fichas con el texto son composición del autor partiendo de una imagen de depositphotos modificada con Photoshop Mix.